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Candidatos incumplen con su declaración fiscal

A partir de los resultados de #3de3, el IMCO pide que nadie pueda postularse como candidato si no está al corriente en sus impuestos



27 mayo, 2015



De los 4,496 candidatos a algún puesto de elección, sólo 285 han completado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma #3de3, de la iniciativa Candidato Transparente.
“Hemos tenido muchos problemas para conseguir que los candidatos entreguen bien sus declaraciones fiscales”, aseguró Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), durante la la presentación de resultados de la iniciativa “Por el México que queremos”, que convocó a partidos y candidatos a comprometerse con una agenda mínima de temas prioritarios para México.
“Este es un tema muy importante y desde la sociedad civil debemos exigir que nadie pueda postularse sin antes demostrar que está al corriente de sus responsabilidades fiscales”, dijo.
Zapata explicó que algunos candidatos están convencidos de que la declaración fiscal no es una obligación para ellos. “No es que quieran esconderla, sino que creen que no aplica para ellos y con toda tranquilidad lo dicen”.
Especialista en temas de transparencia, Zapata explica que este hecho quizá se debe a que durante mucho tiempo la clase política se ha sentido por encima de la ley. “Esto lo vemos reflejado en el hecho de que no pagan impuestos y creen que pueden utilizar los recursos públicos para su beneficio”.
Zapata anunció que al concluir las elecciones impulsarán una iniciativa de ley ciudadana para hacer obligatoria la presentación de estas declaraciones.  “Queremos que estas sean las últimas elecciones en las que presentar estas declaraciones sea un tema voluntario”.
Explicó que para las organizaciones de la sociedad civil que participan en #3de3 es imposible llevar a cabo un proceso de auditoría para validar la información que entregan los candidatos.
“La calidad de la información hasta ahora es sólo su responsabilidad y por eso queremos que, al hacer obligatoria esta declaración, la entreguen a las autoridades que sí puedan validarla”, dijo.
Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción incorpora la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. “Sin embargo, sigue siendo una opción decidir si es pública o no”, aseguró.
Insistió en que estas declaraciones deben ser públicas para que los ciudadanos puedan ver en el tiempo cómo evoluciona el patrimonio o la toma de decisiones de los candidatos electos, en función de sus intereses.
Francisco Lelo de Larrea, subdirector de Investigación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), también propuso que funcionarios, dependencias públicas y legisladores estén obligados a realizar de manera electrónica todas sus transacciones económicas para una mejor vigilancia de los recursos públicos.
Explicó que hoy el SAT obliga a las empresas y los ciudadanos a hacer todas sus transferencias electrónicas. “Esta también tiene que ser una obligación de las autoridades, de los gobiernos locales y de los Congresos: que todas sus transacciones económicas sean electrónicas y a través de una institución financiera para que puedan ser fiscalizadas”, dijo. 
Respecto de las acciones que asumen los empresarios para desterrar la corrupción en su relación con los gobierno, Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, dijo que ls organizaciones empresariales firmaron el compromiso de un código de integridad y ética empresarial.
“Estamos discutiéndolo y capacitando a todas nuestras representaciones en el país para que se difunda en todas las empresas, entre sus ejecutivos y trabajadores”, aseguró.
Los 25 organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la iniciativa “Por el México que merecemos” llamaron a los ciudadanos a participar en las elecciones, y vigilar y exigir transparencia a los candidatos que resulten electos.






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