Los congresos reprueban en transparencia presupuestal
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo son los más opacos y el Congreso de la Unión es el segundo más caro de América Latina, de acuerdo con el diagnóstico de organizaciones civiles
Las 34 entidades legislativas del país obtuvieron sólo 24% de cumplimiento promedio en materia de información presupuestal y administrativa, según un diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, realizado por organizaciones civiles.
De acuerdo con el estudio, la información presupuestal y administrativa comprende la publicación y divulgación detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a las poderes legislativos.
Para realizar el promedio de cumplimiento, las organizaciones calificaron 12 variables: el presupuesto de cada congreso (aprobado y ejercido), de los órganos de gobierno de la cámara, de órganos administrativos de comisiones, de centros de estudio, de comités, de grupos parlamentarios y legisladores.
También la publicación de los informes trimestrales de ejecución de gasto, las auditorías contables y financieras, las contrataciones públicas y de asesorías, consultorías y de investigación.
Según el trabajo realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), el congreso de Zacatecas alcanzó el promedio más alto en materia de información presupuestal y administrativa, al cumplir con 67% de las variables, mientras que los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo tuvieron 0% de cumplimiento en transparencia.
Además, según el Reporte Legislativo realizado por la consultora Integralia, el Congreso de la Unión resultó el segundo más caro de América Latina, con un costo de 8,800 millones de pesos en 2010. El primer lugar lo ocupó Brasil.
De 2001 a 2013, el Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) costó alrededor de 121,526 millones de pesos, lo que equivale a 9,348 millones de pesos anuales.
El diagnóstico de la APA también evaluó el cumplimiento de los congresos en derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos, accesibilidad y difusión, conflictos de interés, así como el avance en materia de legislación a favor de un gobierno abierto.
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