El sector privado pide recortar programas de gasto
El CEESP asegura que 65% del presupuesto puede simplificarse y sólo 35% no es modificable
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considera que 65% del presupuesto total para 2016 puede someterse a revisión para hacerlo más eficiente.
El resto, advierte, son gastos que no pueden ser modificados. Entre ellos, el gasto no programable que incluye el pago de intereses de deuda, más los recursos asignados a pensiones y jubilaciones, que representan poco más de 35% del gasto total programado para el próximo año.
Frente a la propuesta gubernamental de aplicar un presupuesto “base cero”, que puede llevar mucho tiempo y sería muy complejo, el CEESP considera que sería más eficiente establecer un tope de gasto en función de los ingresos disponibles.
El proyecto de presupuesto debe dar más importancia al desarrollo de infraestructura, “que en la actualidad representa un importante freno para el crecimiento de nuestro país y la creación de empleo”, consideró el CEESP.
El centro de estudios pidió a las autoridades identificar los programas que sí contribuyen al crecimiento del país y el bien de la población, y que se eliminen o fusionen aquellos que se duplican o que no reflejan rentabilidad económica, como requisitos indispensables para que funcione el proyecto de presupuesto “base cero”.
Una minuciosa revisión de estos programas públicos, asegura el CEESP, debe lograr una disminución del déficit y de la deuda a mediano y largo plazo.
El centro destaca que el actual “despilfarro de recursos” no estimula la actividad productiva del país ni propicia un entorno que “permita a las personas y empresas desarrollarse de la mejor manera”.
Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) asegura que entre los compromisos de pensiones, educación, desarrollo social, entre otros, el presupuesto no modificable suma alrededor de 73% del total.
El gobierno federal anunció que el proyecto de presupuesto “base cero” de 2016 incluirá una reducción del gasto público de 135 mil mdp, lo que ha sido cuestionado por diferentes sectores de la industria privada, que temen que se inhiba la inversión y el crecimiento económico interno.
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