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Exigen al SAT verificar la situación fiscal de Angélica Rivera

Dos ciudadanos solicitan que se confirme la declaración y retención de impuestos por los 130 millones de pesos que la esposa del Presidente percibió en 2010



16 diciembre, 2014



Ante las sospechas de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por la posesión de la “casa blanca”, el abogado fiscalista Luis Pérez de Acha y el presidente de Artículo 19, Darío Ramírez, presentaron una solicitud ante el SAT para que verifique los documentos fiscales presentados por Angélica Rivera.

Ambos ciudadanos ejercieron este lunes un derecho de petición dirigido al jefe del Servicio de administración tributaria, Aristóteles Núñez, en donde demandan la respuesta de diez puntos, entre los que destacan la veracidad del RFC de Rivera, del sello digital, de la cadena digital, de las fechas y montos declarados, así como las retenciones por concepto de ISR e IVA.

Por 130 millones de pesos, el pago de impuestos debió ser de por lo menos el 10%, es decir, 13 millones, pero no corresponden los números

“Hay razones fundadas para dudar la veracidad de la declaración patrimonial de la señora Rivera, lo que hemos pedido es que el SAT confirme la veracidad”, dijo el director de Artículo 19, Darío Ramírez. 

La esposa del presidente Enrique Peña Nieto fue cuestionada a principios de noviembre a raíz de un reportaje de Aristegui  Noticias en donde se dieron a conocer los detalles de la llamada “casa blanca” presidencial, con un valor aproximado de 86 millones de pesos.

Para aclarar la situación, la también presidenta honoraria del DIF presentó una serie de documentos que “demostraban” la completa legalidad de sus recursos para evitar dañar su imagen y la de su familia.

“Todavía tenemos muchas dudas, y como parte del diálogo entre sociedad y gobierno buscamos certeza”, aseguró Ramírez Salazar.

El motivo por el que ambos ciudadanos presentaron el derecho de petición fue porque luego de hacer un análisis fiscal, constaron que las cuentas “no cuadran” y los documentos presentados son insuficientes.

El objetivo es —asegura Pérez de Acha— traducir la sospecha social al campo fiscal. El abogado asegura que aunque Rivera presentó fotocopias no significa que sean verdaderas.  “Lo que hace falta son las constancias de retención”.

Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir a los gobernantes que transparenten recursos y no se den privilegios fiscales, coinciden los demandantes. “El objetivo es saber que no hubo corrupción ni tráfico de influencias en la obtención de los bienes de la señora Rivera”, aseguró Pérez. 

Por 130 millones de pesos, el pago de impuestos debió ser de por lo menos el 10%, es decir, 13 millones, pero no corresponden los números. “Solo hay una forma de saberlo: que la esposa de Peña exhiba otra vez en su sitio web las constancias de retención de los 13 millones de pesos y sólo así podremos estar tranquilos”, sentenció Pérez de Acha.

Y aunque no está regulado el derecho de petición, se espera que Aristóteles Núñez dé respuesta a principios de enero. 

Hay una estrategia de litigio a largo plazo si la autoridad no responde esta solicitud, dijo el director de Artículo 19. “Se podrá recurrir a los tribunales por omisión, también se buscaría el amparo si la respuesta del SAT es insatisfactoria: no tratamos de llevar a la hoguera a nadie, sólo buscamos certeza”. 






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