Empresas pequeñas cuestionan la aprobación de la ley anticorrupción
La Canacope señala que la medida puede limitar la participación de micro compañías.
Los empresarios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México pidieron al Ejecutivo analizar la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobada por el Congreso, ya que la consideran como una limitante para la participación en procesos de licitación.
En conferencia de prensa, la presidenta y el director general del organismo, Ada Irma Cruz y Enrique Guerrero Ambriz, respectivamente, cuestionaron el hecho de que los empresarios que participen en procesos de licitación tengan que hacer públicas las declaraciones patrimoniales.
Guerrero Ambriz señaló que lo anterior se traduce en un riesgo por el tema de seguridad, lo que "puede limitar la participación de microempresas. Bajo esta circunstancia habrá empresarios que ya lo piensen dos veces y que prefieran no acercarse".
Señaló que ya existen mecanismos para dar seguimiento a las declaraciones y los impuestos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo tanto "consideramos que los mecanismos ya existen".
Ada Irma Cruz enfatizó que los términos en los que se aprobaron los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del paquete de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción "son decepcionantes para el sector y la sociedad que impulsó una de las propuestas ciudadanas con mayor apoyo social y que marcó un precedente”.
En su opinión, "desafortunadamente" el Legislativo dejó pasar la posibilidad de consolidar un Sistema Nacional Anticorrupción de vanguardia, con un marco de vigilancia que redujera ostensiblemente la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Dijo que los legisladores no escucharon el reclamo de hacer públicas las declaraciones de los funcionarios, una demanda básica de la sociedad, y reviraron la mira al colocar a las empresas como objetivo de escrutinio, "a todas luces una absurda sobrerregulación".
La representante del sector se refirió así al artículo 32 y la adición de último minuto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que considera la obligación por parte de las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o contraten con el gobierno para que presenten su declaración patrimonial y de intereses.
La presidenta de la Canacope pidió por ello revisar particularmente la redacción de los artículos 29 y 32 que establecen que las declaraciones serán parcialmente públicas a criterio del Comité de Participación Ciudadana, y que los empresarios que tengan negocios en donde haya recursos públicos involucrados deberán hacer una declaración patrimonial ante el órgano de control.
En todo caso, la representante del sector aclaró que el empresariado acatará las leyes como queden al final.
Vía Notimex
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