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El SAT facilitó el desvío de recursos para financiar al PRI… ¿AMLO los va a amnistiar?

Según un ex secretario del gobierno de Chihuahua, dirigentes del PRI le dijeron que las empresas fantasma que utilizarían en el desvío de recursos estaban blindadas por el SAT.



Foto: Archivo
21 noviembre, 2018


El año pasado se destapó una supuesta maquinación entre el entonces gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte (hoy prófugo en los Estados Unidos, y en espera de que un proceso de extradición en su contra se resuelva) y el entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, con el objetivo de desviar 250 millones de pesos en recursos públicos del gobierno federal para financiar las campañas políticas del PRI de 2016.

A finales de 2017, el diario Reforma reportó que, en una declaración ministerial a la que tuvieron acceso, el ex secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, dijo que César Duarte accedió a destinar al PRI 250 millones de pesos en agradecimiento de que Beltrones le permitió poner a Enrique Serrano en la candidatura de la gubernatura del estado.

De acuerdo a Herrera Corral, el recurso originalmente salió del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda (de quien en ese entonces era secretario Luis Videgaray), a través de un convenio de “Fortalecimiento Financiero” por 275 millones de pesos, que fue aprobado con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control de Presupuesto de Hacienda.

El dinero llegó a las arcas del estado con la finalidad de pasar inadvertido ante los ojos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y llegó al PRI mediante la simulación de 250 millones de pesos en compras que, sobra decir, nunca se realizaron.

Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el estado de Chihuahua no fue ni de cerca el único que en 2016 desvió recursos para apoyar las campañas políticas del partido tricolor. Se trataba de una operación mucho más grande, denominada como “Operación Safiro” por los operadores del PRI involucrados. Según MCCI, los recursos desviados no fueron de 250 millones, sino de 650.

Según uno de los testigos citados por MCCI, Ricardo Yáñez, ex secretario de educación de Chihuahua y sentenciado a cuatro años de prisión por desvío de recursos, los dirigentes del PRI le dijeron que no se preocupara, pues las empresas fantasma que utilizarían “estaban blindadas por parte del SAT”. En ese entonces, Aristóteles Núñez fungía como jefe del órgano recaudador mexicano.

Los mayores desvíos realizados en 2016 corresponden a las gestiones de los siguientes gobernadores priístas: César Duarte, Chihuahua, 246 millones de pesos; Jorge Herrrera Caldera, Durango, 230 millones; Claudia Pavlovich, Sonora, 140 millones. Sin embargo también está involucrados el congreso del Estado de Morelos, los gobierno del Estado de México y de Colima y hasta la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, aunque con montos menores.

Para el desvío de los recursos se hizo uso de 12 empresas fantasma y de prestanombres. El principal de estos prestanombres es José Juan Saliano González, ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), que fue detenido en octubre de 2016 por robo junto con otros dos policías que también figuran como accionistas de las empresas a las que se desvió el dinero.

Los fondos pasaron de empresa fantasma en empresa fantasma para dispersarse. Por ejemplo, el 7 de abril de 2016, el gobierno de Chihuahua depositó 246 millones de pesos a las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura. A los pocos días, este dinero fue transferido a empresas vinculadas y empresas físicas (entre las que figuran prestanombres), y a los parientes y amigos de éstos.

Cabe preguntarnos hasta dónde llegará el próximo gobierno en la persecución de los culpables de estos desvíos de fondos, pues el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró en una ceremonia de conmemoración de la Revolución Mexicana que los actos de corrupción cometidos en el pasado no serían perseguidos. Sin embargo, al día siguiente se pronunció a favor de someter a consulta la decisión de perseguir a los corruptos del pasado. Sólo el tiempo dirá lo que AMLO hará.


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