Gobierno federal endurece vigilancia a proveedores
El nuevo reglamento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno genera incertidumbre en empresas proveedoras del sector público
El Gobierno federal anunció un enfoque más estricto para combatir actos de corrupción, con un énfasis en sancionar a las empresas privadas proveedoras del sector público. Según Hugo Briones González, director de Buró de Apoyo Empresarial (BAE Consultores), estas medidas podrían convertir al Gobierno en juez y parte, aumentando la incertidumbre para las empresas interesadas en participar en proyectos gubernamentales.
Nuevas atribuciones que generan alerta
El reciente reglamento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes conocida como Secretaría de la Función Pública, incluye un controvertido Artículo 25. Este otorga a la Dirección General de Vinculación con el Sector Privado la capacidad de:
- Diseñar mecanismos de prevención de ilícitos en las operaciones con empresas.
- Promover la integridad empresarial.
- Proponer estrategias para fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras del Gobierno.
Briones advirtió que estas nuevas atribuciones podrían exceder las facultades de la dependencia, exponiendo a las empresas a sanciones incluso en casos donde no tienen injerencia en actos ilícitos.
Preocupaciones empresariales
Briones destacó que la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la concentración de atribuciones en esta Secretaría generan mayor incertidumbre en el sector privado. “Ahora las empresas corren el riesgo de ser responsables por actos de corrupción del sector público, lo que podría desincentivar su participación en proyectos gubernamentales”, señaló.
Además, las iniciativas recientes podrían impactar negativamente en la confianza de ser proveedor del Gobierno, considerando problemas previos como la falta de pago a proveedores de proyectos clave como Pemex y el Tren Maya.
Un clima de desconfianza
El endurecimiento de la supervisión gubernamental y la creación de nuevos mecanismos para monitorear a los proveedores parecen orientarse a fortalecer la integridad en las contrataciones públicas. Sin embargo, expertos como Briones ven en estas medidas un peligroso precedente que podría aumentar la desconfianza hacia el Gobierno como cliente.
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