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Trabajadores del sector informal podrían aportar 423 mil mdp en ISR al año

Thomson Reuters
21 junio, 2021

Un estudio elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados en 2018 trató sobre el potencial recaudatorio presente en la economía informal.

Dos de los problemas que aquejan al Estado mexicano son su debilidad fiscal y su alta tasa de informalidad laboral.

Sobre lo primero hay que ver las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según las cuales México tiene una de las peores recaudaciones de impuestos de toda América Latina, al ocupar el lugar 21 de 25 en la región.

Con corte en 2018, México tiene una recaudación del 16.1% de su producto interno bruto (PIB), por debajo del promedio de los países latinoamericanos, que tienen ingresos fiscales promedio de 23.1% del PIB.

Por el otro lado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), con corte al primer trimestre de 2021, el 55.1% de los trabajadores en México laboran en el sector informal, cifra que apenas ha variado en los últimos años.

Considerando lo anterior, y en el contexto de la preparación de la reforma fiscal que se espera sea aprobada este año para entrar en vigor el siguiente, vale la pena preguntarse a cuánto ascendería la recaudación producto de la integración del sector informal de la economía, que por su condición misma no paga impuesto sobre la renta (ISR), sino sólo impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

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De acuerdo a una investigación elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (​CEFP) publicada en junio de 2018, la recaudación potencial por concepto de impuesto sobre la renta al sector informal de la economía mexicana es de 427 mil millones de pesos al año.

Sin embargo, dice el estudio, sería mucho más productivo concentrarse en el sector patronal de la economía formal, pues el 76% de la recaudación potencial se concentra ahí, con 342 mil millones de pesos anuales.

Las razones de lo anterior son diversas. Por un lado, los empleadores del sector informal tienen un ingreso mensual promedio considerablemente más alto, que con corte al cierre de 2017 se estimó en 113 mil pesos mensuales. En cambio los ingresos promedio de los trabajadores informales se estimaron en unos 5 mil 869 pesos al mes.

Además, la fiscalización de los empleadores reporta otras ventajas, como que son considerablemente menos: 5% del total de la fuerza laboral informal. También suelen ubicarse en zonas urbanas, donde el acceso a servicios financieros es mayor y, por ende, es más fácil que cumplan con sus obligaciones fiscales.

Por el contrario, la fiscalización de los trabajadores informales presenta desventajas además del menor potencial recaudatorio. Algunas de las que enumera el documento son que alrededor del 30% de estos laboran fuera de los grandes centros urbanos del país, lo que dificultaría el cumplimiento de sus obligaciones al no tener acceso a servicios financieros.

Además, la formalización de este sector implicaría gastos para la hacienda pública, como el pago de subsidios para el empleo, que la legislación fiscal vigente considera para todos los trabajadores con ingresos mensuales iguales o menores a los 7 mil 382 pesos. El subsidio por empleo que tendría que pagar el gobierno va de los 217 pesos hasta los 407 pesos por trabajador, según el rango salarial de cada uno.

Otro de los gastos derivados de la formalización de los trabajadores informales es que el Estado mexicano tendría la obligación de acogerlos dentro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el año en que fue publicado el estudio, el Seguro Popular era la institución encargada de atender a la población sin servicios de seguridad social. Tomando esta institución como referencia, la formalización de los trabajadores implicaría tener que multiplicar por cinco el gasto operativo por paciente atendido, esto sin tomar en consideración los gastos necesarios para poner a punto la infraestructura hospitalaria.

Para consultar el estudio completo del CEFP, haz clic aquí.


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