¿Violó AMLO la Constitución al exhibir las facturas de Mexicanos Contra la Corrupción?
El presidente mandó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por financiar a MCCI, organización que denominó opositora a su gobierno.
En la conferencia mañanera del 19 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, proyectó en salón tesorería de Palacio Nacional los comprobantes fiscales que amparan transferencias por 2 millones 500 mil pesos del gobierno estadounidense a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La organización, famosa por las investigaciones periodísticas que han indagado posibles casos de corrupción del gobierno actual y el pasado, fue presidida por Claudio X. González hasta julio de 2020. El también empresario fundó Sí por México, organización que aglutina en una coalición política a los principales partidos políticos opositores al gobierno, rumbo a las elecciones intermedias de junio de 2021.
En consecuencia, el presidente argumenta que el financiamiento de MCCI es una injerencia de extranjeros en la política nacional, lo que está expresamente prohibido en la Constitución Mexicana, que dice que “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
En un comunicado, la asociación civil ha negado tener “vinculación con partidos políticos o intervención en campañas electorales”, toda vez que Claudio X. González renunció a la presidencia de la institución en julio del año pasado, previo al lanzamiento de Sí por México, en octubre del mismo año.
En @mxvscorrupcion rechazamos los constantes ataques ilegales contra nosotros por parte del presidente @lopezobrador_. Nuestro trabajo es para aportar a la democracia mexicana y no atacar a ningún gobierno. Aquí la postura de nuestra organización: pic.twitter.com/4YdmFks0JM
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 20, 2021
La apreciación del presidente es distinta: “Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil, pero lo cierto es que eso es una simulación, es un disfraz, son organizaciones políticas. […] Es como si la Embajada de México en Estados Unidos les entregara dinero a opositores al gobierno de Estados Unidos”.
La asociación civil, señaló el presidente, ha ayudado con amparos y dineros a ambientalistas que se han opuesto a su megaproyecto del sudeste del país, el Tren Maya.
Con motivo de esta situación, el gobierno de López Obrador mandó una nota diplomática a Estados Unidos.
“Pero esto ya se está viendo, hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión”, dijo.
Por su parte, MCCI acusó al político tabasqueño de infringir los artículo 6 y 16 de la Constitución Mexicana, referentes a la protección de datos personales.
Esto dicen los especialistas
En entrevista con El Contribuyente, Sergio Charbel Olvera, quien es abogado constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, coincidió con el señalamiento de la organización. Además, opinó, también se viola el principio de presunción de inocencia, pues en la mañanera el mandatario los acusó de hacer una actividad de índole política en el contexto del señalamiento del financiamiento proveniente del gobierno de Estados Unidos.
“Esa es una acusación que no puede hacer de forma pública. Tendría que presentar una denuncia para que se siga la investigación, porque de lo contrario se está visualizando públicamente a Mexicanos Contra la Corrupción con el ejercicio de un ilícito, que inclusive lo plantea como traición a la patria. Eso violenta su presunción de inocencia. Tendría que hacerse una investigación y ser declarado por un juez que efectivamente está generando esos ilícitos”.
El especialista asegura que la autoridad encargada de determinar si haber recibido recursos del gobierno estadounidense es o no un delito, es el poder judicial, no el presidente.
En caso de que realmente hubiera un ilícito y este se judicializara, las declaraciones del jefe del ejecutivo federal contravendrían que el poder judicial pudiera castigarlo, pues podría argumentarse que predispusieron a los juzgadores.
“En nuestro país se ha limitado el tema de que los medios de comunicación presenten a las personas como culpables. Este tema se ha ido modulando por el poder judicial, para que los medios de comunicación y las autoridades no presenten como culpables sino hasta que ya exista una determinación por autoridad competente”, explicó.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
