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La redacción de retenciones de IVA a outsourcing es ambigua

La propuesta original se refería explícitamente a las empresas que ofrecieran servicios de subcontratación, pero la versión finalmente aprobada y publicada es menos clara.



8 enero, 2020

Uno de los principales retos en materia de fiscalización que enfrenta el SAT es la evasión fiscal mediante el outsourcing, o subcontratación laboral. Para combatirlo, el año pasado dentro del Paquete Económico 2020 se incluyó un paquete de reformas a distintas leyes fiscales. Una de ellas era la propuesta de modificar el artículo 1-A de la Ley del IVA, adicionando una cuarta fracción que obligaría a las personas morales o físicas con actividad empresarial que reciban “servicios de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo” a retener el IVA. Es decir, en lugar de que la empresa que ofrece el servicio haga la retención, como normalmente ocurre, la debería efectuar la que adquiere el servicio.

Sin embargo, la versión definitiva, aprobada y publicada finalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tiene modificaciones importantes, como que la retención únicamente será por el 6%. También se eliminó la alusión a los servicios de subcontratación laboral en términos de la LIF, y en su lugar se refiere a servicios en los que se ponga personal a disposición del contratante, “independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual”.

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Según reportó Reforma el día de hoy, el cambio está generando confusiones entre los contribuyentes, pues hay empresas a las que se les ha solicitado la retención del 6% para todo tipo de servicios.

Especialistas citados por el diario, como Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales expresaron que la autoridad debería aclarar la redacción del artículo mencionado

“Lo que estamos pidiendo los que estamos en el área fiscal es que el SAT se apresure a emitir una regla y aclare esa confusión que generó al momento de emitir la ley como tal. Como viene redactado en la Ley, difiere mucho de la iniciativa. En la Ley conceptualmente genera mucha confusión porque lo deja muy ambiguo”, explicó. 

Otro especialista entrevistado por Reforma, Adrián García, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), también opinó que la redacción no es lo suficientemente clara.


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