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Cofece aboga por las fintechs

La comisión le envió al Senado algunas observaciones relacionadas con la Ley Fintech para evitar que la iniciativa frene a estas startups.




31 octubre, 2017

El proceso de aprobación del proyecto de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera avanza rápidamente. En septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le envió el anteproyecto a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que emitiera su opinión y ésta lo hizo incluso antes de que se cumpliera el plazo de 20 días hábiles con el que contaba. Este mes tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que envió ayer sus recomendaciones al Senado.

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Entre otros señalamientos, la Cofece menciona que aunque el fin de esta ley sea precisamente regular a estas instituciones financieras y proteger al consumidor, es importante que se tome en cuenta que estas startups son innovadoras y disruptivas y el marco normativo que las regula no debe frenar  su desarrollo.

La comisión también señaló que la propuesta de ley no obliga a los bancos tradicionales a prestarle sus servicios a las fintechs, pero sí obliga a estas startups a contar con cuentas de banco y a hacer transferencias a través de dichas instituciones.

Otra de las observaciones es que la ley no menciona a detalle cuáles son los requisitos que deberán cubrir estas plataformas para operar, Por lo mismo, la comisión advierte que es necesario evitar requisitos injustificados o imposibles de cubrir, así como cargas regulatorias excesivas.

Las observaciones de la Cofece se enfocan en lo mismo que han señalado diversas voces de este sector: es necesario que la ley tome en cuenta los escenarios reales a los que se enfrentan los emprendedores que tienen fintechs y, sobre todo, que no provoque que estas startups queden atrapadas en un calvario de trámites burocráticos y callejones sin salida regulatorios.

Si el Senado aprueba este anteproyecto de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, éste se turnará a la Cámara de Diputados y, en caso de no tener cambios, se le enviará al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

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