El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que sectores de la iniciativa privada discutan sus preocupaciones sobre el outsourcing con el Senado.
El día de ayer se aprobó el proyecto para combatir y erradicar la subcontratación o outsourcing ilegal en comisiones del Senado. Específicamente en una reunión extraordinaria de las comisiones unidas de “Trabajo y Previsión Social” y de “Estudios Legislativos Segunda”. El proyecto de la iniciativa fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para su primera lectura. Esto para que se pueda discutir y votar en el Pleno del Senado.
Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pidió que la discusión del dictamen en materia de subcontratación, en el Pleno del Senado, sea pospuesta para que la propuesta sea analizada en Parlamento Abierto.
Por eso, en la conferencia mañanera de hoy, Andrés Manuel López Obrador llamó a una consulta sobre el tema. Reconoció que, aunque es el Senado el que debe resolver el problema, se deberían escuchar las opiniones del sector privado. En esta consulta deben participar tanto representantes del sector empresarial como del sector obrero, además de especialistas y ciudadanos.
Este tipo de debate en Parlamento Abierto es justamente lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quería a principios de esta semana. Según el organismo, esta reforma podría tener consecuencias negativas para la economía nacional y se necesita más tiempo para crear una mejor propuesta.
Los problemas de la reforma de outsourcing
La reforma pretende cambiar los artículos 15A, 15B, 15C, 15D, 15E y el 1004C de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con el CEE, los cambios harían inoperable la figura de la subcontratación. También impondrían multas exageradas a las empresas que la utilicen.
Algunos de los cambios incluyen:
- Las empresas que ofrecen este servicio deberán registrarse en un padrón ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
- Para inscribirse deberán demostrar que cuentan con el respaldo económico necesario para hacer frente a las necesidades de seguridad social de los trabajadores.
- Las empresas que ofrezcan este servicio y las que las contraten serán consideradas como responsables solidarias.
- La compañía de tercerización deberá transferir los pagos de los trabajadores al patrón que contrata los servicios.
- Las multas por no cumplir serán de entre 100 y 10 mil veces la Unidad de Medida de Actualización.
Con información de El Financiero.
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