La nueva Ley Antiextorsión endurece penas, amplía responsabilidades para empresas y redefine la investigación de extorsión en México. Conoce los riesgos, las nuevas conductas sancionadas y las obligaciones de prevención que deberán adoptar los negocios
El 28 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, conocida como Ley Antiextorsión. Junto con reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a leyes relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y Poder Judicial, el país adopta un nuevo modelo para enfrentar una de las conductas criminales que más dañan al sector productivo.
La norma establece un marco unificado, endurece las penas y otorga a las autoridades herramientas más amplias para investigar y sancionar extorsión en todas sus modalidades, incluidas aquellas que afectan directamente a empresas, comercios y cadenas de suministro.
Penas más altas bajo un modelo penal único
Con la derogación del artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión se castiga ahora bajo un tipo unificado con sanciones de 15 a 25 años de prisión, que pueden superar los 40 años cuando se actualizan agravantes.
Para las empresas esto representa:
- mayor protección frente a extorsión criminal, sindical o de grupos de presión
- mayor riesgo penal para directivos, empleados o proveedores que participen o faciliten conductas extorsivas
Nuevas conductas consideradas extorsión en el ámbito empresarial
La Ley incorpora supuestos agravados orientados a prácticas frecuentes en sectores productivos. Se considerará extorsión:
- Presionar a empresarios o comercios para contratar bienes o servicios
- Imponer proveedores o forzar la fijación de precios
- Obligar a firmar contratos o acuerdos
- Exigir pagos mediante cuentas bancarias, fintech o activos virtuales
- Utilizar cámaras empresariales, sindicatos o autoridades para ejercer presión
Prácticas históricas como “cuotas”, “moches” o condicionamientos sindicales pueden configurar extorsión agravada.
Responsabilidad penal para empleados, directivos y terceros
La Ley también sanciona conductas internas que faciliten extorsiones, entre ellas:
- Proporcionar datos o procesos internos a extorsionadores
- Filtrar información confidencial
- Omitir denuncias, especialmente cuando hay involucramiento de autoridades
Incluso la posesión de dispositivos dentro de centros penitenciarios recibe un tratamiento severo por su vínculo con extorsiones telefónicas.
Acceso a información financiera, digital y corporativa
Las autoridades podrán solicitar, mediante control judicial:
- Intervención de comunicaciones
- Acceso a información bancaria y digital
- Revisión de perfiles en redes sociales, apps, videojuegos y mensajería
- Geolocalización en tiempo real
- Bloqueo de líneas telefónicas
Para las empresas, esto implica que expedientes, sistemas y comunicaciones pueden ser verificados durante una investigación formal.
Prisión preventiva oficiosa en casos agravados
La reforma al CNPP establece que cualquier persona imputada por extorsión agravada —incluidos empleados, gerentes o proveedores— podrá ser detenida desde el inicio del proceso.
Extinción de dominio: riesgo para bienes corporativos
La Ley permite que el Estado pueda asegurar y extinguir bienes relacionados con el delito, como:
- Vehículos
- Cuentas bancarias
- Inmuebles
- Equipos o dispositivos
Esto puede ocurrir incluso cuando la empresa no participó directamente, a menos que demuestre buena fe, trazabilidad y debida diligencia.
Impacto laboral y sindical
La nueva norma busca desincentivar prácticas que históricamente han generado presión indebida sobre los negocios, tales como:
- Coacción sindical para imponer proveedores o servicios
- Cobro de cuotas para permitir operaciones
- Exigir pagos o contratos para evitar afectaciones
Obligación empresarial de prevención
Aunque la Ley no impone un modelo de compliance obligatorio, sí exige en la práctica una debida diligencia reforzada. Las empresas deberán actualizar:
- Protocolos contra extorsión telefónica y digital
- Capacitaciones internas para identificar presiones o amenazas
- Controles de manejo de información sensible
- Sistemas de denuncia y seguimiento
- Evaluación de proveedores y terceros
No actualizar estos mecanismos aumenta riesgos penales y patrimoniales.
Creación del centro nacional de denuncias
La Ley contempla un Centro especializado que operará como canal único para reportar extorsiones y coordinar respuestas entre autoridades federales y estatales.
Entrada en vigor y armonización estatal
El Decreto entró en vigor el 29 de noviembre de 2025. Las entidades federativas disponen de 180 días para adecuar su legislación conforme al nuevo marco.
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