Entre el 2014 y el 2018 la defraudación fiscal por facturas espurias alcanzó los 2 billones de pesos. Ahora, los legisladores quieren que la evasión fiscal se equipare a la delincuencia organizada.
Las facturas falsas le están quitando al Servicio de Administración Tributaria 500 mil millones de pesos al año; desde el 2014 al 2018, hubo una defraudación fiscal de 2 billones de pesos. Según Carlos Romero Aranda, procurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto equivale a la décima parte del presupuesto público. Esto es más que el presupuesto asignado a las Secretarías de Salud y Educación, y más de lo que se espera ahorrar con el plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un cambio de ley contra la defraudación fiscal
Para combatir el problema, Carlos Romero Aranda ha propuesto cambiar las leyes. Bajo el esquema actual, no se puede ir directamente por los líderes de las organizaciones que defraudan. Lo más común es que las empresas que hacen lavado de dinero tienen como accionistas a personas de bajos recursos o de la tercera edad, que suelen firmar por necesidad (o bajo amenaza) y sin conocimiento de la situación.
Además de cambiar el marco legal para atacar a los responsables, también propuso catalogar estos delitos como “graves”, en el mismo nivel que el crimen organizado. Con esto, se podría identificar a los grupos delictivos reales y no únicamente al prestanombres. Además, como delito grave, se podría investigar con cateos, infiltrados en las organizaciones criminales y otras técnicas. Al final, todo esto servirá para seguir el rastro del dinero y encontrar al beneficiario final.
Actualmente el Senado de la República ya estudia cambiar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimiento Penales y la Ley de Seguridad Nacional en ese sentido.
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