Nuestro columnista, Manuel Baltazar Mancilla, opina que las recientes reformas a la Ley del SAT no serán instrumentales para combatir el nepotismo y la corrupción.
El Senado de la República acaba de aprobar una reforma al artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que modifica dos fracciones, la segunda y la cuarta.
Al revisar los cambios a la fracción cuarta, sólo se actualizan los cambios que surgen como consecuencia del nacimiento de la Ciudad de México y sus ahora alcaldías, a fin que no desempeñe ningún cargo adicional al ya conferido, en otra institución pública en los tres niveles de gobierno.
Al revisar la nueva fracción segunda, nos encontramos con un excelente pretexto de reforma y, buscando justificar ante la inocencia de cualquier ciudadano con estudios básicos, el cuidado de la capacidad del ciudadano que ocupe dicho cargo, se incorpora un requisito nuevo, el de poseer al día de la designación, título profesional con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; así como contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia afín.
El lector podría preguntarse, ¿Qué tiene de malo el cambio? Bueno, lo interesante de la reforma no es el nuevo requisito, sino la ausencia del requisito anterior, mismo que requería el haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera.
El nuevo requisito no lo cuestiono, creo conveniente su incorporación, lo cuestionable es la eliminación del requisito anterior, es decir, la reforma debió dejar ambos requisitos; si lo que se buscaba era otorgar seguridad jurídica al contribuyente, toda vez que ahora cualquier titulado con 10 años de experiencia y conocimientos fiscales puede concursar la plaza.
Aquí viene otro cuestionamiento, ¿porqué quitar el requisito anterior?, la respuesta vendrá con el nombramiento de la nueva titular del Servicio de Administración Tributaria (no me refiero a género, me refiero a persona, claro), que manejará un presupuesto anual de más de 5 billones de pesos, mismos que deberán ser fiscalizados, por lo que se tendrán que responder las inquietudes de los contribuyentes al respeto a través de consultas por las que se interpondrán procesos jurisdiccionales. Además dirigirá las áreas de política de ingresos, egresos, jurídica, auditoría fiscal y recaudación. Si para esto no es indispensable que la cabeza hubiere tenido experiencias previas, desempeñando cargos de alto nivel decisorio, entonces pongan a Juan de la Pitas a dirigir el SAT, siempre que demuestre que se tituló de abogado o contador o economista hace diez años. Lo mismo que a alguien que tomó un diplomado de impuestos.
Buscamos atacar el nepotismo y la corrupción en el nuevo gobierno, y con estos ejemplos, el que escribe no encuentra que la dirección sea la más clara para alcanzar esos objetivos.
Nos leemos pronto.
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