Y nos preguntamos: ¿para qué querrían los muy honestos funcionarios de nuestro nunca corrupto gobierno tantas facturas falsas?
Según cifras del SAT, de 2010 a la fecha las empresas fantasma han facturado más de 2 billones de pesos, lo que equivale a 70% de la recaudación proyectada para 2018. La cifra es estratosférica. Sin embargo no se sabe a cuánto asciende el monto total de lo evadido como consecuencia de la emisión de estos comprobantes.
Actualmente, las autoridades persiguen estas prácticas usando las listas negras del SAT, a través de las cuales exhiben los nombres de los contribuyentes que el SAT sabe o sospecha que se dedican a emitir comprobantes fiscales espurios.
En opinión de la Prodecon,la forma en que se persigue actualmente este esquema de evasión fiscal es insuficiente, por lo que propuso retener dos terceras partes del IVA generado por la prestación de servicios, con lo que dificultará la operación del esquema carrusel de evasión.
Paradójicamente, quienes más hacen uso de las facturas falsas para reducir sus impuestos no son las empresas, sino los funcionarios públicos mismos. O al menos eso aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena que presidirá la comisión de presupuesto.
Según el legislador, alrededor del 70 por ciento de la demanda de los CFDI por operaciones inexistentes proviene de funcionarios públicos, mientras que del 30 por ciento restante, la mayoría es de grandes contribuyentes.
Con los CFDI falsos, los funcionarios pueden robar recursos públicos al justificar gastos con los comprobantes fiscales, aunque en realidad los recursos se hayan utilizado en algo distinto a lo que originalmente se pretendía.
Ramírez Cuéllar dijo que, además de implementar la propuesta de la Prodecon, solicitaría la ayuda de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para atajar este delito.
Y en realidad las suyas no son cifras que suenen poco creíbles, a juzgar por la cantidad de casos de corrupción sistemática del sexenio que está por terminar, con cantidades que ascienden a los cientos de miles de millones de pesos, con esquemas sumamente complejos, que involucran en mayor o menos medida a políticos de todos los partidos, y que permanecen, en su gran mayoría, impunes.
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