Al igual que la Ley de Ingresos 2018, el PEF fue aprobado con deficiencias en el renglón de la transparencia. Y esto, en un contexto de año electoral, preocupa mucho a la sociedad civil y académica.
La vigilancia ciudadana sobre el cómo, el quién y el para qué se va a ejercer el gasto público debería ser acuciosa, efectiva y, de plano, implacable. No se trata sólo de una exigencia del tipo “es que se trata de nuestro dinero”. La viabilidad del país depende de ese tipo de participación democrática. Sin embargo, un par de condiciones debe cumplir el gobierno para que la fiscalización suceda: apertura y transparencia. Ninguna de las dos existe. Así lo advierten varias de las organizaciones de la sociedad civil más disciplinadas en el tema.
El Paquete económico 2018 se procesó legislativamente con total nocturnidad. La Iniciativa de Ley de Ingresos fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de octubre; se turnó a la Cámara de Senadores, donde se convirtió en ley, el 26 de octubre, cuatro días antes de la fecha límite. ¿Eficiencia parlamentaria? Más bien, falta de discusión y análisis, porque se añadieron en el camino algunos artículos transitorios que merecían mayor detenimiento.
A la organización México Evalúa, que dedica buena parte de sus esfuerzos a demostrar la falta de “calidad” en el gasto público, le alarma que uno de esos artículos contemple que la Secretaría de Hacienda “pueda destinar los ingresos que obtenga del reintegro de recursos no devengados por las entidades federativas al fortalecimiento financiero de las mismas y/o a la atención de desastres naturales”. ¿Y qué tiene de malo eso? Hay que apoyar a los estados que sufrieron más con los sismos, ¿cierto? Si se incluye una rendición de cuentas precisa sobre cómo se gastan esos recursos extra, por supuesto que sí, pero el artículo en cuestión (el décimo transitorio) no prevé nada de ello. No es por ser mal pensados, pero recordemos que el próximo año hay elecciones.
Y llegamos a la otra parte sustantiva del Paquete, el Presupuesto de Egresos (PEF) 2018. Alrededor de las 4 de la mañana del 9 de noviembre (cuando, de nuevo, se tenía una fecha límite amplia: 15 de noviembre), el 50.6 por ciento de los diputados aprobó el gasto, que será, exactamente, de 5,279,667 millones de pesos, o el 23.1 por ciento del Producto Interno Bruto previsto para el próximo año.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), otra de las asociaciones civiles punteras en este tipo de análisis, apunta que esa cantidad “significa una disminución del gasto de 0.9 puntos PIB, respecto de lo que se espera gastar en 2017”. ¿Cómo es posible que se gaste menos, con tanta necesidad creciente? No, no se gasta menos. Simplemente, se termina por ejercer un presupuesto distinto del aprobado por el Congreso. El propio CIEP lo describe, con el apunte de su investigadora Sunny Villa: “Se prevé que el PEF 2018 sea mayor en 3.1 por ciento, en términos reales, respecto de lo aprobado en 2017”.
Esta es la lectura detallada del CIEP: “El incremento aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 fue de 43,291.4 mdp, que se derivó de la modificación de parámetros, de los cuales el congreso no tiene control directo (…) La ampliación al presupuesto es equivalente al 87.9 por ciento de los recursos añadidos al ramo 23 en el PEF para el ejercicio fiscal de 2018”. ¿Qué es el ramo 23? Es el destino de un gasto programable con el concepto “Provisiones Salariales y Económicas” para las entidades de la Federación. El CIEP amplía la información en su evaluación del PEF, disponible en su sitio web: “Este ramo está conformado por fondos que, al momento de su aprobación, carecen de reglas de operación y que cambian año con año”. Es sólo uno de los ramos del gasto programable.
México Evalúa selecciona otro ejecutor, entre muchos otros, para documentar su alarma: “El ramo general 28 o ‘Participaciones Federales’ tuvo un incremento en su presupuesto de 5 por ciento real (37.5 mil millones de pesos) respecto a lo ejercido en 2016. Preocupa que se destinen mayores recursos de libre disposición a los estados, sin que se cuenten con mejores prácticas para su uso, en un año electoral”.
¿Y qué ocurre con el gasto no programable, es decir, el que se usa para el pago de deuda y otras obligaciones? Tuvo un incremento real de 9.6 por ciento respecto al presupuesto ejercido en 2016. En todo caso, el CIEP concluye: “El presupuesto aprobado mantiene las inercias de presupuestos anteriores, sin cambios estructurales que impulsen el crecimiento económico y sin atender la inequidad”.
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