Las contrataciones públicas en nuestro país, por regla general, deben hacerse mediante un procedimiento de licitación pública.
Todas las empresas que prestan sus servicios al gobierno han tenido que pasar por una o más licitaciones. En mi caso, en más de una ocasión me ha quedado un mal sabor de boca tras haber perdido porque las bases de la licitación no eran objetivas, ya que están basadas en las características de un producto o servicio de una empresa en particular. Para decirlo sin pelos en la boca, me he quedado con la impresión de estar concursando en licitaciones amañadas.
Me considero una persona experimentada en los negocios, pero de todas formas terminaba perdiendo licitaciones. Ante mi falta de conocimientos jurídicos lo único que hacía era quedarme con el coraje y el sentimiento de impotencia, pensando que en la siguiente licitación tendría otra oportunidad de ganar. Sin embargo, ahora sé que no me volverá a pasar.
Las licitaciones se pueden impugnar, pero para tener una opinión experta de qué hacer en estos casos, acudí a un experto, el abogado Antonio García Durán, quien es socio fundador de Angar Legal. Es especialista en contrataciones públicas y amparo, así como en derecho financiero y administrativo.
Las contrataciones de gobierno en nuestro país por regla general deben hacerse mediante un procedimiento de licitación pública. Desafortunadamente, en la práctica algunas autoridades desconocen lo establecido como obligación en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las contrataciones públicas deben de cumplir con los principios de eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia.
Uno puede notar que en ocasiones las convocatorias y bases de la licitación son subjetivas, pues incumplen dichos principios, con lo que limitan la competencia y sesgan el resultado final.
No hay que ser muy inteligentes para notarlo cuando nos encontramos con bases que contienen requisitos para los participantes como estos:
● Contar con capital contable y social de millones de pesos;
● Acreditar haber prestado los mismos servicios con anterioridad a la dependencia por sumas y productos similares;
● Haber prestado servicios o suministrado productos por más de tres años a las mismas dependencias;
● Contar con declaraciones de impuestos con ingresos superiores al monto de la contratación.
Una redacción así termina descalificando a una gran cantidad de participantes, principalmente a las pymes, y corta de tajo la posibilidad de examinar de manera objetiva si el licitante puede o no prestar los servicios o suministrar productos sujetos a la licitación pública.
A todos estos candados hay que agregar que hay bases que terminan describiendo un producto o servicio con tanto detalle, que “curiosamente” sólo hay una empresa que puede cumplirlo.
La buena noticia es que podemos impugnar ese tipo de licitaciones cuando parecen ser amañadas.
Para tu conocimiento, México adoptó en diciembre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y establece que cada estado debe establecer requisitos previos a la adjudicación de los contratos, tales que sirvan para garantizar que la evaluación de las propuestas en las licitaciones públicas sea objetiva, con el objeto de fomentar la competencia entre los licitantes.
Antonio García asegura que hasta que no haya una reforma que elimine de las leyes los requisitos subjetivos, los afectados pueden impugnar las bases y convocatorias, así como los fallos, argumentando que no fomentan la competencia, que establecen requisitos que limitan el acceso a ella y son contrarias a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Para ello, se puede recurrir al juicio de amparo o al juicio contencioso administrativo.
De resultar procedente el medio de defensa que se promueva, la autoridad deberá modificar su convocatoria, bases o fallo adjudicatario. Además deberá indemnizar por el pago de daños y perjuicios causados a quien haya promovido el medio de defensa correspondiente.
Espero que a partir de hoy no vuelvas a quedarte cruzado de brazos al perder una licitación amañada con trampas.
Antonio Vera es especialista en marketing jurídico con más de 15 años de experiencia en México y Latam. Creador del primer Blog sobre marketing digital y ventas para abogados. https://abogado.marketing
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