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SAT va contra “huachicol de facturas”. Ya ubica a 8,204 empresas

SAT irá contra el "huachicol de facturas"
25 junio, 2019

La jefa del SAT señaló que ya van contra 150 “factureras”. AMLO dijo que buscará que sea delito grave.

En Palacio Nacional, durante la conferencia “mañanera” de hoy, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, hizo pública parte de una investigación en contra de los “factureros”. La autoridad fiscal intenta ir en busca de los que hacen facturas falsas y evaden (y ayudan a evadir a otros) al fisco. AMLO recordó su intención de que los culpables de utilizar facturas falsas no podrán alcanzar fianza, ya que será considerado un crimen grave.

La jefa del SAT señaló que ya tienen ubicadas a 8,204 “factureras” (al 16 de junio), las cuales generaron 9 millones de facturas (casi mil cada una). El monto total de tales documentos fue de cerca de 1.6 billones de pesos. Margarita Ríos-Farjat estima que con esa cantidad se pudo haber evadido 354,000 millones de pesos.

“Encontramos a poco menos de media docena de funcionarios creando empresas sin soporte documental; fantasmas. Esto es presunto todo; no somos una autoridad penal. Estamos preparando el paso siguiente respecto a eso.”
Margarita Ríos-Farjat, en la mañanera del 25 de junio de 2019

Se refiere a que enviarán los expedientes a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y a la Fiscalía General de la República (FGR), después de prepararlos con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ya visitaron y cerraron 150 “factureras” el pasado jueves 20 de junio, de las 8,204 que tienen detectadas.

¿Dónde están tales empresas “factureras”?

  1. Ciudad de México: 1,064 (13%)
  2. Jalisco: 840 (10%)
  3. Nuevo León: 712 (9%)
  4. Veracruz: 487 (6%)
  5. Coahuila: 428 (5%)
  6. Estado de México: 396 (5%)
  7. Guanajuato: 297 (4%)
  8. Guerrero: 278 (3%)
  9. Puebla: 265 (3%)

Facturas falsas como delito grave

En este sentido, hay que recordar que las facturas falsas le están quitando al Servicio de Administración Tributaria 500 mil millones de pesos al año; desde el 2014 al 2018, hubo una defraudación fiscal de 2 billones de pesos. Según Carlos Romero Aranda, procurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto equivale a la décima parte del presupuesto público.

Para combatir el problema, Carlos Romero Aranda ha propuesto cambiar las leyes. Bajo el esquema actual, no se puede ir directamente por los líderes de las organizaciones que defraudan. Lo más común es que las empresas que hacen lavado de dinero tienen como accionistas a personas de bajos recursos o de la tercera edad, que suelen firmar por necesidad (o bajo amenaza) y sin conocimiento de la situación.

Además de cambiar el marco legal para atacar a los responsables, también propuso catalogar estos delitos como “graves”, en el mismo nivel que el crimen organizado. Con esto, se podría identificar a los grupos delictivos reales y no únicamente al prestanombres. Además, se podría investigar con cateos, infiltrados en las organizaciones criminales y otras técnicas.

 


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