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Panistas ganan contratos públicos por servicios que nunca fueron prestados

Compañías y fundaciones con domicilios compartidos son utilizadas para obtener contratos públicos millonarios de todo tipo.



Imagen: mexico.com
8 mayo, 2019

Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad de México ganaron millones de pesos en contratos públicos con un esquema de cuatro empresas y dos asociaciones civiles a cambio de servicios que a veces ni siquiera cumplieron.

Se trata de compañías “todólogas” que ofrecen desde despensas de comida hasta instalación de aire acondicionado, contratación de artistas para festivales musicales e incluso propaganda política. Y tres de ellas tienen algo en común: una exfuncionaria del Congreso de CDMX es su accionista, tesorera o apoderada legal.

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Entre sus socios aparecen militantes del PAN capitalino: Marte Manuel Calderón QuezadaLilia Juárez Mejía, y María Luisa Mejía Queretano, además de la directora de Quejas y Denuncias del Congreso de CDMX entre diciembre de 2015 y enero de 2019, Lucía Juárez Mejía.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto la lupa sobre este grupo de empresas y fundaciones con una investigación —aún en proceso— en la que señala que recibieron dinero público para eventos culturales que nunca se realizaron, como dio a conocer mexico.com.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, las asociaciones civiles Drama, Voz y Movimiento e Institución Romero Mac Gregor cobraron 17 millones de pesos a la Secretaría de Cultura federal en festivales culturales que nunca se hicieron, o se hicieron a medias.

Para justificarlos, las fundaciones entregaron documentación presuntamente apócrifa y fotografías de festivales en Chile, España y Argentina, según expuso la Auditoría en su informe 280-DS, de 2017.

Sin existir evidencia de los eventos, ambas ONG contrataron a las cuatro empresas de los panistas:

1. Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V.

2. Juca Advertising, S.R.L. de C.V.

3. Terrícolas Anónimos, S.R.L. de C.V.

4. Jumel de México, S.A. de C.V.

Tanto las empresas como las fundaciones compartían algunos socios y accionistas. En otras palabras, se contrataron ellos mismos.

El dinero, de acuerdo con la Auditoría, fue a parar a las cuentas bancarias personales de Manuel Calderón Quezada, Fabiola Tinoco Vázquez y la propia Lucía Juárez Mejía, miembros de alguna de las ONG y accionistas de al menos una de las empresas.

Otra parte del dinero cayó —indica el órgano fiscalizador— en la cuenta del despacho jurídico Romero Macgregor & Asociados, del que Juárez Mejía también es socia.

Empresas comparten direcciones en casas y restaurante

Tanto en el Registro Público como en los distintos contratos celebrados, las empresas comparten tres direcciones: dos en la alcaldía Benito Juárez y otra en Cuauhtémoc.

mexico.com acudió a los tres domicilios pero no encontró evidencia de que ahí existieran empresas ni asociaciones civiles.

Zempoala 8 —que es la dirección de Dixa— es un edificio de departamentos. Una guardia de seguridad indicó que el inmueble es habitacional y que Lucía Juárez Mejía “ya no vivía ahí”.

El domicilio de Jumel de México, en la colonia Obrera, resultó una casa donde vive Lilia Juárez Mejía, según nos dijo Alicia Juárez, habitante del lugar.

Isabel la Católica 690 aparece como domicilio de Terrícolas Anónimos, Juca Advertising y el despacho Romero Mac Gregor y Asociados, pero actualmente es un inmueble en remodelación para convertirse en un restaurante.

Negocio entre panistas

La cercanía de las empresas con Acción Nacional es tal que dos de ellas colaboraron con algunos de sus candidatos más relevantes en las elecciones del año pasado en CDMX, según consta en documentos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Concretamente, ofrecieron sus servicios a los panistas Santiago Taboada Cortina, quien ganó la alcaldía Benito Juárez, el bastión más importante del PAN; y Margarita Martínez Fisher, quien perdió la elección en Miguel Hidalgo.

También fueron proveedores en la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, hoy integrante del grupo parlamentario panista en el Senado de la República.

El PAN pagó a las empresas de sus militantes un millón 139 mil pesos por ofrecer servicios en estas campañas.

“Quien hizo todo tipo de contrataciones fue el partido (el PAN de CDMX), yo en lo personal no vi ningún tipo de contratación”, dijo en entrevista Xóchitl Gálvez.

“Si estas empresas hicieron alguna adquisición con el gobierno que están siendo observadas por la Auditoría, pues que las suspendan, que las castiguen”.

Empresas ‘todólogas’

Las cuatro empresas fueron constituidas con objetos sociales que les permiten ofrecer servicios de lo más variado.

Una revisión hecha a distintos contratos celebrados entre estas empresas con el PAN, el Congreso de CDMX, la alcaldía Milpa Alta y el municipio de Puerto Vallarta da cuenta de que en verdad ofrecen de todo.

La alcaldía Milpa Alta, por ejemplo, compró en 2016 a Grupo Comercial Dixa mil 200 despensas de productos no perecederos y 59 aparatos auditivos de la marca Axon (a 2 mil 730 cada pieza).

La misma compañía fue contratada en 2017 por Puerto Vallarta, Jalisco, donde gobierna Arturo Dávalos Peña, para otorgar el servicio de agencia de contratación de artistas y grupos musicales para eventos y espectáculos.

Jumel de México ha dado mantenimiento al aire acondicionado del Congreso de CDMX, a la par que ofreció al panismo servicios de propaganda política.

Y Juca Advertising sumó contratos con el PAN en los comicios pasados por un millón 91 mil pesos a cambio de servicios como “llamadas robot”, servicio de producción de videos, suministro de propaganda política e institucional, propaganda exhibida en internet y otros gastos de servicios generales. El 98% de los recursos provinieron de la campaña de Xóchitl Gálvez.

Además, ha brindado servicios de monitoreo en prensa para el Congreso capitalino y, al igual que Dixa, servicios de contratación de artistas y grupos musicales al municipio de Puerto Vallarta.

Terrícolas Anónimos también obtuvo un contrato de artistas y grupos musicales con el municipio de Puerto Vallarta.

mexico.com buscó la postura de Lucía Juárez Mejía, quien rechazó hacer comentarios hasta que concluya el proceso de la Auditoría; también a Marte Manuel Calderón Quezada, Santiago Taboada y Margarita Martínez Fisher, pero no hubo respuesta.

Esta investigación fue publicada originalmente en el portar de noticias mexico.com.


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