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Podría ser ilegal que políticos y funcionarios públicos te bloqueen en redes sociales

El proyecto presentado por el ministro Eduardo Medina Mora argumenta que el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos se ve “desdibujado” en aras del derecho a la información.



Foto: Shutterstock
19 marzo, 2019

El trolleo en redes sociales es un fenómeno del que nadie se salva, mucho menos las figuras públicas que, como los políticos, son objeto de pasiones intensas y variadas. En consecuencia, no es poco frecuente que éstos terminen por bloquear de sus redes sociales personales a usuarios que hagan comentarios particularmente virulentos.

Esto se podría acabar, pues el miércoles 20 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que podría prohibir a los funcionarios públicos de bloquear a terceros de sus cuentas de redes sociales.

El ministro Eduardo Medina Mora propuso ante la segunda sala de la SCJN concederle un amparo a Miguel Ángel León Carmona, periodista veracruzano que en octubre de 2017 fue bloqueado de Twitter por Jorge Winckler Ortiz, fiscal general del estado.

El proyecto propone que se obligue al funcionario a permitirle al periodista el acceso incluso después de dejar el cargo, pues seguiría siendo una “persona pública”.

En caso de que el funcionario no acate la orden, el juez de distrito estaría facultado a tomar las medidas necesarias para que ésta se cumpla, entre las que se encuentra pedirle directamente a la red social que quite el bloqueo.

Sin embargo, Medina Mora sugiere una serie de parámetros orientativos en los cuales sea justificado el bloqueo de algún usuario por parte de un funcionario público, pero para que éste sea válido “será necesario que dichas expresiones o conductas se encuentren excluidas de protección constitucional, en términos de los parámetros jurisprudenciales que rigen en la materia”, dice el proyecto presentado.

Éste argumenta que al tratarse de una persona pública, y en particular de un funcionario público, su derecho a la intimidad se ve “desdibujado en aras de favorecer el derecho a la información”.


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