Un proveedor quiso verle la cara al SAT y este fue el resultado
Intentó meterse con Sansón a las patadas y terminó trasquilado.
Idealmente, cuando un negocio ofrece sus servicios, debería ser honesto en lo que respecta a sus capacidades operativas, no pasarse de listo y exagerar con tal de hacer la venta. En el peor de los casos, si ya decidiste ser un pillo, por lo menos deberías saber elegir a quién tomarle el pelo. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una empresa llamada Centro de Productividad Avanzada (Cepra) decidió que era buena idea intentar verle la cara al SAT.
La relación de los hechos dice que, entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, Cepra ganó una licitación con el SAT por 1,176 millones 343 pesos, por lo que la empresa instaló, para uso de funcionarios del SAT, 40 mil computadoras. Uno de los factores que contribuyeron a que el órgano fiscal decidiera conceder la licitación a Cepra, y no a alguno de sus competidores, fue que la empresa alegó tener 902 centros de servicio en la república, sin embargo, como pudo colegirse luego de que la ASF hiciera visitas domiciliarias aleatorias a algunos de los supuestos centros de servicio, mintió para ganar el contrato, pues muchos de los domicilios no eran centros de servicio, no pudieron ser hallados o simplemente fue imposible llevar a cabo la diligencia, pues nadie les abrió la puerta a los funcionarios.
El 14 de febrero de 2017, el SAT decidió dar por terminado el contrato con Cepra y otorgar la licitación a Mainbit, la empresa con la segunda mejor calificación. Esto inició un pleito legal. Cuando el SAT dio por concluido el contrato, Cepra interpuso un amparo en Pachuca, con el que obtuvo una suspensión definitiva. Debido a esto, el órgano fiscal actualmente tiene computadoras de más: las 40 mil de Cepra más 26,504 de Mainbit.
En abril de 2017, la PGR acusó a José Luis García Méndez, apoderado de Cepra, de haber afirmado hechos falsos en la demanda de amparo, para así obtener una ventaja procesal, con lo que podría recibir hasta 6 años de cárcel. Una juez de control del estado de Hidalgo, Ana Gabriela Urbina Roca, determinó no vincularlo al proceso, pues estimó que en la demanda se desenvolvió como representante legal, no como quejoso y que, además, no hubo dolo, por lo que la acusación de la PGR no debería prosperar.
Sin embargo, la PGR volvió a integrar la investigación para replantear la acusación, que actualmente se encuentra en curso. ¿A quién se le ocurre meterse con el SAT?
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