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¿Qué pasa si tu representante legal está bloqueado en Hacienda?

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2 abril, 2018

Si te congelan las cuentas, no podrás solicitar una suspensión provisional de amparo. 


¿Qué pasa si tu representante legal está bloqueado en Hacienda?
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Lo primero que debes saber es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabora listas de personas bloqueadas como parte de una estrategia para prevenir actos que puedan favorecer al terrorismo y a otras operaciones hechas con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP es la encargada de hacer las listas, donde se encuentran todos los clientes; es decir, personas físicas, morales, sus apoderados, fideicomisos, representantes legales, etc., que realizan este tipo de actividades ilegales. El objetivo de estas listas es que las instituciones financieras pueden bloquear o congelar las cuentas de todos estos clientes de forma inmediata.

Aquí lo más importante es la palabra “clientes” porque en esto se basó una nueva jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que dice la jurisprudencia es que la definición de cliente incluye a los apoderados de las personas morales. Entonces, si uno de ellos se encuentra en la lista, no se puede solicitar una suspensión de amparo cuando se le congelan las cuentas a la empresa.

Imaginemos un ejemplo. Hacienda sospecha que el representante legal de tu empresa ayuda al terrorismo internacional porque tiene una barba muy desértica. Para que no siga haciendo sus fechorías, lo ponen en la lista, pero tu empresa no está incluida. El problema es que si de da esta situación, tu compañía (que no está en la lista de Hacienda) no puede solicitar una suspensión provisional de amparo si llegara a necesitarlo cuando se le congelen las cuentas.

La razón por la que esto es así es que las personas morales son herramientas utilizadas por personas físicas con un objetivo específico. En este caso, el representante o apoderado legal podría utilizar a la persona moral para seguir apoyando al terrorismo internacional. Por eso, la idea de la jurisprudencia es que si esa persona está bloqueda en las listas, el instrumento que puede utilizar también debería estar bloqueado.


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