Empresarios llaman a aprobar leyes del Sistema Nacional Anticorrupción
Las leyes anticorrupción debía ser aprobadas como máximo el 28 de mayo pasado, sin embargo los legisladores incumplieron el plazo que ellos mismos se fijaron. Esto les ganó las críticas del sector empresarial
El sector empresarial criticó al poder legislativo por los retrasos para aprobar las 7 leyes reglamentarias de la Reforma Anticorrupción, que debían estar aprobadas el pasado 28 de mayo.
Tras conocerse que no aprobarían las leyes en el plazo legal impuesto en la reforma constitucional en la materia que se aprobó el año pasado, los líderes de empresarios manifestaron su descontento.
“Con esta actitud, dan abiertamente la espalda a los mexicanos que exigen el fin de la corrupción, de la impunidad y de la opacidad. Pareciera que en México, los primeros en no respetar las leyes son quienes tienen la obligación de crearlas”, declaró Gustavo De Hoyos Walther, líder de la Coparmex.
Señaló que las empresas asociadas al organismo iniciarían una campaña pública con el fin de denunciar la “inmovilidad irresponsable” de los legisladores sobre el tema.
“Si los políticos no quieren comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas, que asuman las consecuencias en las urnas, comenzaremos con aquellos que están pidiendo el voto en los doce estados donde habrá elecciones para gobernadores”, añadió.
Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también hizo un llamado al Congreso de la Unión para que aprueben las leyes que permitirán el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para acabar con la impunidad.
“La corrupción es uno de los principales frenos para la economía del país. Son miles de millones de pesos de los mexicanos que se dejan de invertir en educación, salud, desarrollo social o empleo”, criticó el CCE en un comunicado.
Para que funcione el SNA, son necesarias 7 leyes, la que más atención ha recibido es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, propuesta mediante iniciativa ciudadana por un grupo de organizaciones sociales y conocida como “Ley 3 de 3”.
Esta ley se encuentra en comisiones en el Senado de la república y se someterá a discusión el día de hoy. Uno de sus puntos más polémicos es en el alcance de la publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.
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