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Hay herramientas para fiscalizar a involucrados en #PanamaPapers, dicen expertos

Para prevenir la defraudación y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las autoridades tributarias tienen que fortalecer la vigilancia a través de la información del sistema financiero, afirman especialistas.



8 abril, 2016



Si bien el fisco mexicano ha aclarado que tener inversiones en paraísos fiscales no es un delito, siempre y cuando se paguen los impuestos, tiene la responsabilidad de revisar a los contribuyentes para evitar evasión fiscal y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Si esto no se hace, dice el contador Miguel Ángel Martínez, “es como decir ‘jóvenes no se vayan a salir’ y dejamos la puerta abierta sin poner vigilancia”.

Las empresas offshore no se crean para realizar negocios si no para proteger bienes patrimoniales de una persona, regularmente en jurisdicciones con baja tasa impositiva y que no tiene convenios de intercambio de información con otros países, dice el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hay personas que utilizan este esquema para sacar su dinero debido a la inseguridad que existe en México, dice Reginaldo Montaño, abogado del despacho RMR.

También es usado para proteger el dinero de una devaluación o hasta para ocultar los bienes de un conyugue en caso de enfrentar un divorcio, dice el contador Henry Foulkes, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos de México. 

Sin embargo, dice Martínez, el que estas compañías puedan ser constituidas con acciones al portador y que la legislación establezca el secreto fiscal, permiten que también sean usadas para defraudar al fisco o realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

“No necesariamente todo el dinero que se va a las empresas offshore y a los paraísos fiscales es dinero mal habido pero es una puerta muy grande también para los criminales para esconder el origen ilícito de los recursos”, dice Foulkes.

“Es válido ocultar el dinero de ladrones, de un familiar pero no lo puedo ocultar del gobierno, quien también tiene la obligación de resguardar la información”, afirma Martínez, de la UNAM.

En el caso de los Panamá Papers, el gobierno de México no tiene la garantía de obtener la información de aquél país para realizar la investigación para determinar la inocencia o culpabilidad de los involucrados, porque no existe acuerdo.

Sin embargo, puede usar las auditorías, los flujos en los bancos, la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las casas de cambio donde se venden las divisas y las casas de bolsa donde hacen transferencias para seguir el rastro al dinero de los involucrados.

“Las instituciones financieras tienen que emitir reportes de las transferencias que se están haciendo de México hacia el extranjero”, dice el especialista del Colegio de Contadores.

En caso de encontrarse alguna irregularidad las autoridades fiscales pueden iniciar actos de fiscalización al contribuyente para revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el origen de los recursos.

En el caso de que el dinero se repatrie, como lo sugirió la autoridad, también debe de investigar la procedencia de los bienes, dice.

No obstante, desconfía de que se haga investigación a fondo y se establezcan sanciones, ya que entre los involucrados existen empresarios, funcionarios y políticos allegados al gobierno.

“Hay clientes que deben 4,000 o 5,000 pesos de créditos fiscales y les embargan cuentas, aquí estamos viendo cantidades monstruosas de dinero y les dan facilidades”, dice. 

Por eso, exige que si se va a aplicar “mano dura”, sea parejo, y “que se revise a funcionarios públicos que tienen dinero fuera, en estricto apego a la ley, pues así regresaría mucho dinero e impuestos al país”.

Para evitar estas situaciones, Montaño recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalezca el control sobre los contribuyentes mediante actos de fiscalización.

El contador Foulkes asegura que el SAT aprovechará este “terrorismo fiscal” para decir a los empresarios “cuidadito hagas estas cosas porque te va ir mal”.

 





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