Discuten viabilidad de espionaje telefónico para combatir la corrupción
En la llamada Ley 3 de 3 se plantea como herramienta para combatir ese delito; en caso de usarse, el sistema debe cuidar que existan facultades suficientes para investigar, señalan organizaciones civiles.
La Cámara de Senadores realizó en comisiones la primera mesa de trabajo para discutir con representantes de organizaciones civiles la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propuesta de Ley 3 de 3, como parte del análisis de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Senadores y representantes de organizaciones civiles debatieron si es adecuado utilizar la intervención telefónica para combatir las redes de corrupción y añadirla a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, o utilizarla desde la Ley de Telecomunicaciones, donde quedó asentada para casos de crimen organizado.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, criticó el planteamiento relativo a la intervención telefónica para detectar redes de corrupción.
El senador dijo que las intervenciones telefónicas violan la Constitución, porque prohíbe expresamente la injerencia en comunicaciones telefónicas.
Sin embargo, el senador priista Enrique Burgos consideró necesario ajustar dicho planteamiento para evitar que se trasgreda el texto constitucional.
Porque, señaló, el objetivo es combatir la corrupción, y si no se ajusta a la Constitución se pueden rescatar algunas partes de la propuesta ciudadana.
Zoé Robledo, senador perredista, explicó que en la Ley 3 de 3 se describe la utilización de un usuario simulado y la dota de diferentes herramientas de investigación: medios de grabación, registros ocultos y la intervención de comunicaciones.
Por eso, consideró que se debe discutir si esas herramientas son válidas para las autoridades investigadoras, y recordó que mediante el artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones se podría autorizar que las autoridades utilicen la intervención telefónica para combatir la corrupción.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró necesario plantear que la autoridad correspondiente sea la encargada de hacer la investigación sobre las redes y de ser necesario intervenga las comunicaciones, porque “el principal problema no es la corrupción, sino la impunidad”, expresó.
Por su parte José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comentó que para resolver el problema de corrupción es importante tener autoridades con capacidades de investigación idóneas.
“Porque el delito no sólo se presenta bajo conductas individuales, sino mediante redes y prácticas sofisticadas”, explicó.
Dijo que en el caso de las intervenciones telefónicas o las visitas domiciliarias que se proponen en la llamada Ley 3 de 3, el sistema debe ser muy cuidadoso para que se cuide que haya facultades suficientes para investigar, y por otra parte se enfrenten los problemas que suponen la ley que actualmente existe.
“El problema no es la ley, sino que existe una regla que impide que, en responsabilidades administrativas,
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