Urgen a vigilar patrimonio de funcionarios

El sistema anticorrupción debe resolver la publicación y los mecanismo para vigilar las declaraciones patrimoniales de funcionarios, sin afectar la privacidad de sus datos personales, advierten organizaciones y senadores 

El sistema anticorrupción debe resolver la publicación y los mecanismo para vigilar las declaraciones patrimoniales de funcionarios, sin afectar la privacidad de sus datos personales, advierten organizaciones y senadores 


Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha aplicado 33,888 sanciones a funcionarios, por no presentar su declaración patrimonial o hacerlo de manera extemporánea, pero no por el análisis de su contenido.

    Esto sucede porque las contralorías encargadas de la revisión de las declaraciones, no tienen las herramientas y el presupuesto suficiente para investigar y verificar la veracidad de su contenido, explicó Guillermo Ávila, investigador de Fundar. 

    Durante la presentación de su estudio (Re) construyendo la confianza en el poder público. Las declaraciones patrimoniales como instrumentos de control ciudadano, Ávila advirtió que esa restringida revisión de las declaraciones de funcionarios limita el escrutinio público, y no logra prevenir y detectar posibles actos de corrupción y conflicto de interés. 

    El investigador aseguró que si hubiera un formato más abierto para el escrutinio público, casos de conflicto de interés como la Casa Blanca se hubieran desahogado de mejor manera, y no con una investigación tan limitada. 

Discrecionalidad por miedo

Fundar presentó este estudio la noche del pasado miércoles, en el Senado, para incidir en la discusión de las reformas secundarias del sistema anticorrupción y poner sobre la mesa la necesaria obligación de los funcionarios públicos, de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses para prevenir y detectar posibles actos de corrupción. 

    El estudio advierte que un argumento en contra de hacer pública la declaración patrimonial de los funcionarios es el derecho a la protección de datos personales.

    Al respecto, la senadora panista Laura Rojas argumentó que si bien no hay evidencias de una relación directa entre la publicación de una declaración patrimonial y un secuestro, sí hay miedo en los funcionarios. 

    “Hay un terrible miedo en un país donde te secuestran por 10,000 pesos. Esto es un hecho y es algo con lo que tenemos que lidiar”, dijo. 

    Advirtió que la protección de datos personales es un derecho humano y, por ende, será difícil ganar una batalla legislativa si no se eliminan los datos personales de la declaración patrimonial. 

    Por eso, agregó, será necesario otro tipo de mecanismo que logren ser una herramienta útil en el combate a la corrupción. 

    La senadora panista dijo que no hay forma de seguir eficazmente la evolución patrimonial de un funcionario y recomendó además incorporar a las personas que reciben dinero público y no son necesariamente servidores o funcionarios.

    Ávila, de Fundar, aseguró que en los países donde la información está disponible, hay una mejor percepción sobre la corrupción sin afectaciones a la seguridad personal de los funcionarios.

    La propuesta de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, dijo, permite el acceso a datos relevantes para la rendición de cuentas y protege aquellos que pertenecen a la esfera íntima.

Fuera de la agenda partidista

Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, destacó que ni el PRI ni el PRD “traen el tema de declaraciones publicas”. 

    El PAN, por su parte, propone una plataforma digital controlada por el secretario ejecutivo del sistema anticorrupción, con un apartado de evolución patrimonial y de intereses disponibles al público, pero su método aún es insuficiente, aseguró Morales. 

    Si estás herramientas no están vinculadas a un monitoreo, todas estas iniciativas quedarán en letra muerta, advirtió. Por ello es necesario dotar de recursos tecnológicos al sistema anticorrupción y revisar los mecanismos de verificación, dijo.

    Morales destacó que las consecuencias para quienes no cumplan la ley deberán ser equiparables a la falta, pues “no es lo mismo un error en la declaración que mentir”.

    Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que 60% de las sanciones en México son por la entrega extemporánea de las declaraciones y no por el análisis de las mismas. Por eso la exigencia de sus versiones públicas.  
 
    En el país, aseguró, las declaraciones patrimoniales se utilizan como prueba de cargo para una investigación y no como un sistema de transparencia. Por ello se han impulsado iniciativas como la ley #3de3, que buscan tener una mayor veracidad en los datos que emiten los funcionarios, ya que exige que “cuadren” sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y las de interés. 

    Alejandro Encinas, senador de Morena, dijo que la corrupción forma parte del engranaje que hace funcionar todo el sistema político del país, a partir de dos relaciones perversas: el vínculo entre la política y los negocios, y la disputa por el poder público.

    Aseguró que en el país hay un reto mayor que la corrupción y es la impunidad. Es necesario, dijo, reformar el Poder Judicial que “goza de un nivel de impunidad y discrecionalidad en toda la instrumentación de sus acciones".

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