El gobierno de NL investiga ahora anomalías laborales en Kia
Las autoridades del estado aseguran que la mayoría de los empleos que generen las empresas extranjeras deben ser para ciudadanos mexicanos, por lo que solicitará un informe del número de personas nacionales y extranjeras contratadas por Kia Motors.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) de Nuevo León solicitará un informe de las personas contratadas por Kia Motors, tanto nacionales como extranjeras.
En un comunicado, destacó que la mayoría de los empleos que generen las empresas extranjeras deben ser para ciudadanos mexicanos, de acuerdo con las leyes laborales de México.
Por eso solicitará a la empresa Kia Motors documentación del número de personas mexicanas y extranjeras contratadas para verificar el apego a la ley.
De encontrar anomalías laborales, agregó, las turnará a las autoridades correspondientes, lo que sería causal suficiente para la suspensión de todos los incentivos otorgados.
“La Sedec además de cumplir con su mandato de promoción a la inversión, vigila que el marco legal y regulatorio sea observado por todos los actores económicos, entre otros Kia”, señaló.
Incentivos bajo sospecha
Desde el inicio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León, las autoridades estatales investigan los incentivos otorgados a Kia.
La Sedec revisó los expedientes relativos a los incentivos otorgados a la empresa y encontró 33 irregularidades legales en el contrato celebrado entre Kia y la pasada administración estatal.
Como parte de ese proceso, se entregaron esos expedientes a la Contraloría, el 9 de enero de 2016, y toda la documentación, traducción y certificaciones requeridas para sustentar dichas irregularidades.
A mediados de febrero del presente año, la Contraloría turnó dichos expedientes a la Fiscalía Anticorrupción para que realizara las investigaciones correspondientes y fincara responsabilidades a los funcionarios de la pasada administración que lo ameriten.
Con eso, “la Sedec cumple el ofrecimiento del gobernador de Nuevo León, de indagar cualquier posible acto de corrupción o negligencia en cualquier acción donde se utilizó financiamiento público”, indicó la dependencia.
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