Cuestionan resultados de la Cruzada contra el Hambre
En el análisis de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación advierte que programa tiene fallas de diseño, focalización y coordinación que impiden determinar si ha cumplido con sus objetivos.
La efectividad de la Cruzada Nacional contra el Hambre está en entredicho, pues no hay evidencias de que los 160,000 millones de pesos aplicados en este programa sirvieran para revertir el problema, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el análisis de la Cuenta Pública 2014, la auditoría advierte que el programa estrella de la administración de Enrique Peña Nieto, mediante el cual busca combatir el hambre de 7 millones de personas, tiene serias deficiencias de diseño, focalización y coordinación.
Pero su principal problema es que no establece mecanismos para verificar si cumple con sus objetivos, advierte el órgano fiscalizador.
En su informe asegura que los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) “no fueron suficientes en calidad, confiables y consistentes”, y “no reportó el avance en el cumplimiento del indicador disminuir a un valor igual a cero los 7 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación para 2018”.
La ASF encontró que de los 61 programas que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre, sólo 9 atienden temas directamente relacionados con las carencias alimentarias y reciben apenas la tercera parte del presupuesto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Durante su primer año de operaciones, en 2013, la cruzada atendió 405 municipios y 1,012 el año siguiente.
La ASF advierte, sin embargo, que el programa no tiene una población objetivo clara, pues está enfocado en aquellas personas que viven con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar mínimo y que tienen tres o más carencias sociales.
Este se es el indicador de pobreza multidimensional, advierte la ASF. Pero el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no establece ni cualifica el concepto de “pobreza extrema alimentaria”.
Además, no hay una ley que reglamentara el derecho a la alimentación, por lo que no se define el problema público ni la población objetivo. (Con información de Sin Embargo).
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