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Higa gana disputa al SAT por 86 mdp

Un tribunal federal resolvió que depósitos aparentemente no justificados, que la constructora recibió en 2008, sí tenían soporte documental y que el procedimiento que llevó a fincar el adeudo fiscal estuvo viciado de origen.



23 diciembre, 2015



Grupo Higa ganó una disputa de más de 86 millones de pesos (mdp) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y ahora exige el pago de daños y perjuicios.

Un tribunal federal de Puebla canceló ese adeudo fiscal fincado en 2012 a la constructora Teya, filial de Higa, que ganó la licitación para el tren de alta velocidad México-Querétaro cancelada en 2014 por orden presidencial.

Además, Teya ganó un amparo para que se analice su reclamo de pago de daños y perjuicios contra el SAT, al que acusa de haber actuado de mala fe y contra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sentencias notificadas el pasado 14 de octubre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito confirmó que todo el procedimiento que llevó a fincar el adeudo fiscal estuvo viciado de origen, ya que el funcionario que en marzo de 2011 requirió al contador de Teya la entrega de documentos fundó su competencia en un artículo equivocado del reglamento interior del SAT.

El tribunal resolvió que depósitos aparentemente no justificados por 64 mdp, que la constructora recibió en 2008, sí tenían soporte documental y no debieron dar lugar a una “estimación presuntiva” de utilidad fiscal.

Sergio Pérez Rodríguez, administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla-Norte, fue quien requirió los documentos como parte de un proceso que culminó en junio de 2012, cuando se fincó un adeudo fiscal de 81.3 mdp por tributos omitidos y más 4.9 mdp por reparto adicional de utilidades.

La parte central de la disputa fue un anticipo de 64 mdp que la Junta de Caminos del Estado de México pagó a Teya por un contrato adjudicado durante la gubernatura de Enrique Peña.

Relación Edomex-Higa, el origen del problema

El contrato a Grupo Higa durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México fue firmado en septiembre de 2006 por 575 mdp para construir puentes y distribuidores viales, y modernizar el Bulevar Aeropuerto en Toluca.

La consultora Arvic Consulting advirtió desde 2010 que Grupo Higa estaba recibiendo beneficios inexplicables por parte del gobierno del Estado de México.

La firma contratada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) mexiquense reportó que un contrato de 575 mdp, adjudicado directamente a Higa en 2006, se renovó año con año hasta sumar casi 2,200 mdp en 2010, sin razón aparente.

“Las autorizaciones de los recursos mencionadas son para la ejecución de gran parte de los trabajos señalados en el catálogo de conceptos original autorizado en 2006, por lo que es cuestionable cuál es la razón de seguir aumentando el recurso para la conclusión de los trabajos presupuestados originalmente en 575 mdp”, explicó la consultora.

El reporte de Arvic fue sepultado en las últimas páginas del informe del OSF sobre la Cuenta Pública de 2009, y no recibió mayor atención pública, mientras que el órgano fiscalizador se enfocó en auditar obras de la JCE pagadas con recursos federales.

“Se considera que la Secretaría de Finanzas del Estado de México no debió autorizar el contrato de esta obra para 2009, pues el mismo ya estaba agotado, por lo que se recomienda solicitar a esta dependencia que justifique la asignación y autorización de recursos”, asentó el informe.

La JCE no proporcionó a Arvic el proyecto ejecutivo de la obra de 2009, y ni siquiera estaba definido si se trataba de obra nueva, pues si bien cambiaron los números de contrato, el número de control presupuestal desde 2006 fue el mismo: 1.64410.6.

“El proyecto ejecutivo presentado por la dependencia corresponde a una obra autorizada en 2006, y no existe proyecto ejecutivo para el contrato 2009. Por lo tanto, se deduce que la dependencia no elaboró el proyecto ejecutivo previo a la ejecución de la obra”, señaló la consultora.

Arvic detectó pagos improcedentes a Teya por más de 45 mdp, solamente en 2009, y consideró indebidas las sucesivas adjudicaciones directas realizadas entre 2006 y 2010.

El argumento para las adjudicaciones fue que las obras serían financiadas por la contratista, pero se le autorizaron anticipos provenientes del erario por 50% del total.

“Las bases de adjudicación establecen en su cláusula cuarta que no se otorgarán anticipos; sin embargo, el contrato en la cláusula sexta establece un anticipo de 50% del valor total del contrato, violentando la misma dependencia su disposición original y fundamento del tipo de adjudicación”, determinó Arvic.

Las malas prácticas detectadas en obras de Teya y reportadas al Órgano Superior de Fiscalización del Edomex, fueron las siguientes:  

  • No hubo dictamen para justificar la adjudicación directa en 2009.
  • El salario real ofertado por Teya para la obra fue elevado y fuera de mercado.
  • Se pagaron 8.3 mdp por "ingeniería financiera", concepto no autorizado legalmente.
  • La contraloría de la Junta de Caminos fue informada del inicio de los trabajos con dos meses de atraso.
  • La bitácora de obra fue presentada a los auditores primero en copia fotostática; la original no describía los trabajos realizados en 2009.
  • La empresa supervisora de la obra no tenía personal para verificar los trabajos en campo. (Con información de Reforma).




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