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Aprueban Ley de Disciplina Financiera

La propuesta es centralista y concentradora porque establece límites de deuda para los estados y municipios, y no para el gobierno federal, cuya deuda es 10 veces mayor, reclaman legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional.



7 diciembre, 2015



La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece las disposiciones de disciplina financiera y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos y contratación de deuda.

Con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, se avaló en lo general el dictamen de la iniciativa enviada por el ejecutivo federal el pasado 17 de agosto, que también reforma diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

La propuesta plantea que los estados deben incluir en su Presupuesto de Egresos reservas por un monto de al menos 10% de la aportación realizada por el estado a la reconstrucción de su infraestructura dañada durante los pasados 5 años para atender contingencias por desastres naturales o causas fortuitas.

Se establece que los entes públicos sólo podrán contraer obligaciones o financiamiento cuando se destinen a inversión productiva y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.

Aclara que no podrán contraer financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

El diputado panista Herminio Corral, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que este dictamen establece reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local, sienta las bases para que los entes incurran en endeudamiento responsable, señalando los límites de afectación, de participaciones y las modalidades de contratación de empréstitos y obligaciones.

También incluye un registro público único de deuda que deberá contener todos los empréstitos u obligaciones de los entes públicos, detallando la información relativa al deudor, al acreedor, el monto, la tasa de interés, el plazo, el tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para fortalecer la transparencia.

El registro será público y estará a disposición de cualquier ciudadano a través del portal de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Corral mencionó que con las nuevas de este nuevo ordenamiento, los estados y municipios manejarán de forma eficiente sus recursos para destinarlos a proyectos productivos en beneficio de los ciudadanos.

Explicó que el gobierno federal podrá otorgar su garantía a los estados y municipios que deseen celebrar un convenio, en el cual se establecerán las estrategias de ajuste para fortalecer sus finanzas públicas, lo cual reducirá el costo del financiamiento.

Para dar seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios que cuente con la garantía federal, se contempla una comisión bicameral que analizará y revisará los convenios, teniendo la facultad de emitir las observaciones pertinentes.

Además, prevé un sistema de alertas para medir el endeudamiento que contribuirá al seguimiento al uso de los recursos e instaurará un techo de financiamiento autorizado a todo ente público.

En relación con las obligaciones de corto plazo, éstas se podrían usar para cubrir necesidades de liquidez, pero se señala que no podrán representar más del 6 % de los ingresos totales.

También se establece la obligatoriedad para que las legislaturas locales cuenten con entidades estatales de fiscalización, y fija sanciones por el manejo indebido de los recursos y de la deuda pública.

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron, pero también a quienes por la naturaleza de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia, establece la ley. 

En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar, de Encuentro Social, dijo que “al dictamen le falta contundencia en las sanciones para los responsables, ya sean presidentes municipales o gobernadores”. 

Luis Alfredo Valles, de Nueva Alianza, puntualizó que se dotará a las haciendas municipales de estabilidad financiera a través de la medida que establece que al existir ingresos excedentes se destine por lo menos 50% al pago de deuda pública y el 50% restante se podrá destinar a inversión pública productiva o a la creación de un fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Carlos Lomelí, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de que “las autoridades estatales y municipales sean conscientes de que la época en donde se podía manejar los recursos de los ciudadanos a su libre albedrío, derrochándolo para sus propios intereses y no los de la colectividad, han quedado atrás”.

Falta controlar deuda federal, dice Morena 

Vidal Llerenas, diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que con esta iniciativa se está controlando el endeudamiento de las entidades federativas, que ha crecido alrededor de 350,000 millones de pesos desde 2001. Sin embargo, dijo, no se está atacando el problema de la deuda pública federal que suma 4 billones de pesos.

“Lo que ahora estamos haciendo es poner en los estados y municipios restricciones que no tiene el gobierno federal. Esta es una legislación que sí va a ayudar a detener los abusos de los estados y los municipios, pero que no pone el dedo en la llaga en donde sí es el principal problema de finanzas públicas. No echemos la culpa a las entidades federativas de un problema macroeconómico”, añadió.

El diputado Juan Romero, también de Morena estimó que la propuesta es loable, pero tiene inconsistencias, y el estado que se quiera oponer a esta ley, “encontrará una puerta a través de una controversia constitucional. La ley va más allá de lo que la propia Constitución determina como atribución de este Congreso”.

En apoyo a su bancada, la diputada Ernestina Godoy sostuvo que esta ley es centralista y concentradora, “les impone obligaciones a entidades soberanas y municipios libres, establece cualidades y requisitos sustantivos y formales para la emisión de leyes y decretos que son responsabilidad exclusiva de los poderes locales”.

Anunció que votaría en abstención ya que la propuesta sólo coincide parcialmente con los propósitos de buscar un uso más honesto, eficiente y eficaz del gasto público.

Deben cumplir antes de 2017

La Cámara de Diputados dio como plazo 2017 para que las entidades y municipios empiecen a cumplir con las disposiciones más importantes de disciplina financiera y rendición de cuentas.

Sin embargo el diputado Waldo Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una reserva para modificar el artículo noveno transitorio, a fin de otorgar un año más de espacio a los estados y municipios que estén en la situación de crédito y balance sostenible, y así puedan usar sus excedentes hasta el año 2018, como convenga a sus intereses.

Con la reserva también firmada por la diputada Gina Cruz, del Partido Acción nacional y presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el legislador Yerico Abramo, del Partido Revolucionario Institucional, se prevé ajustar los incentivos de quienes sí cumplen, para otorgar mayor libertad en el mercado del crédito público y en el manejo autónomo de las finanzas y límites.

 





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