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PSOE propone vigilar con lupa a políticos en materia fiscal

Como parte de su programa electoral, el Partido socialista español elaboró todo un programa para combatir la corrupción y la evasión de impuestos, que lo mismo tendrá en la lupa a los funcionarios para disuadirlos de incurrir en ilícitos que dará a conocer a quienes se beneficien con privilegios fiscales.

 



27 noviembre, 2015



Los casos de corrupción en la política en España han generado tal molestia en la ciudadanía, que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está buscando impulsar el comportamiento ético de los funcionarios. 

El responsable del programa económico Jordi Sevilla ha incluido medidas de control a fin de combatir el fraude. De acuerdo con el diario El país, los políticos serán sometidos a vigilancia especial, lo que incluye agregar en los planes anuales de control tributario un programa específico para la comprobación e investigación de personas expuestas políticamente, coordinado con las actuaciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, a fin de disuadir conductas irregulares y perseguir, castigar y erradicar la corrupción.

 La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es la garantía de un sistema tributario que no distorsione el funcionamiento de la economía, que cree empleo y avance en la equidad se lee en el documento que enumera 63 medidas contra esta anomalía. 

Entre las medidas que propone el PSOE destacan aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y contra la seguridad social; hacer más transparentes las cuestiones tributarias. Para esto último, buscan hacer pública la identidad de los contribuyentes que reciban más beneficios fiscales. Es decir, difundir los nombres de las personas más ricas y de las multinacionales que se beneficien de las mayores deducciones.

También planean ampliar la limitación del uso del efectivo en las transacciones económicas. El gobierno popular ya limitó a 2,500 euros los pagos que se pueden realizar en metálico pero los socialistas quieren restringir aún más las transacciones en efectivo. Para los defraudadores busca un aumento de las sanciones monetarias y endurecer el Código Penal para que los delitos fiscales  que sobrepasan los 120,000 euros sean considerados graves (con información de El País).





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